A la cabeza como organizaciones que presentaron el caso Manuela en la CIDH como demandantes en contra de El Salvador están el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.

Ambas organizaciones están a la cabeza en el intento de que el homicidio agravado en perjuicio de Dolores Gabriel sea visto como un aborto espontáneo, pero detrás hay otros colectivos que ya se han sumado a este movimiento pro abortista como el Centro de Derechos Reproductivos, Colectiva Feminista, Agrupación Ciudadana y CEJIL, entre otras.

En el primero de los casos, o sea el Centro de Derechos Reproductivos es una organización mundial de abogados y defensores de los derechos humanos que garantiza que los derechos reproductivos estén protegidos por la ley.

Financiada a través de donaciones, su misión y visión son utilizar el poder de la ley para promover los derechos reproductivos como derechos humanos fundamentales en todo el mundo.

En su concepción está visualizar un mundo en el que todas las personas participen con dignidad como miembros iguales de la sociedad, independientemente de su género.

En el caso de El Salvador trabaja como socio local con organizaciones afines para fortalecer las leyes y políticas de salud reproductiva no sólo en América Latina y el Caribe, sino en África, Asia, Europa y desde luego en Estados Unidos.

Como se lee, en el caso de Manuela no es lo más importante que haya una reparación del daño ahora a la familia de las víctimas y que, como se mencionó antes, se aprenda de esta lección para que no se repita, sino que por encima de todo está usar esta amarga experiencia como bandera para invocar la despenalización del aborto a nivel local y regional.

A todas luces, el caso Manuela está plagado de intereses muy fuertes y de todo tipo desde los ideológicos hasta los económicos porque las organizaciones no gubernamentales que están a favor del aborto, como es sabido desde siempre, reciben financiamiento externo por la vía de las donaciones.

En consecuencia, el caso no es sólo un asunto de tres partes que son las víctimas, el Estado demandado y los jueces de la CoIDH, sino que el fondo está un puñado de colectivos que en su modalidad de amicus curiae ya son parte de este entramado contra el Estado salvadoreño.

En pocas palabras y a manera de metáfora, el caso Manuela está convertido en un auténtico manjar para los apetitos de quienes impulsan supuestos derechos sexuales y reproductivos y de quienes pretenden que está práctica sea una política de salud pública, sin observancia de la voluntad de la sociedad salvadoreña